La gestión de la protesta social en Colombia está experimentando un cambio de doctrina estructural. Frente al histórico historial de confrontación violenta entre la Fuerza Pública y las comunidades, el Gobierno Nacional —a través del Ministerio del Interior, liderado por Armando Benedetti— viene consolidando el diálogo y la negociación directa como las herramientas principales para desactivar la conflictividad social a lo largo del territorio patrio.
El peso de la memoria: Las secuelas de la fuerza
La necesidad de este giro en la política de orden público tiene raíces profundas en las secuelas de jornadas de protesta del pasado. La justicia colombiana sigue emitiendo fallos que recuerdan el costo de la falta de canales de negociación.
Recientemente, el Juzgado 64 Penal condenó a siete años de prisión (84 meses) a un patrullero de la Policía Nacional por causar la pérdida del ojo derecho de la joven Leidy Cadena durante el Paro Nacional de 2021. El fallo judicial confirmó que el uniformado violó los protocolos de uso de la fuerza y los principios internacionales de proporcionalidad.
Este caso no es aislado: informes conjuntos de organizaciones como Amnistía Internacional, Temblores y el programa PAIIS de la Universidad de los Andes (plasmados en la investigación “Tiros a la vista”) documentaron al menos ocho casos de traumas oculares severos provocados por agentes del Estado durante aquellas jornadas.
La fórmula del Cauca: Anticipación y presencia en territorio
Para evitar la repetición de estos lamentables episodios, el Ministerio del Interior ha descentralizado su capacidad de respuesta. El ejemplo más evidente de este nuevo modelo opera en el departamento del Cauca, una de las zonas históricamente más convulsas del país.
La apertura de una oficina técnica exclusiva para esta región ha permitido establecer canales de comunicación permanentes con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. La meta es clara: atender las demandas sociales antes de que las comunidades recurran a las vías de hecho.
Las cifras oficiales respaldan la efectividad de la medida:
- Reducción histórica: Los bloqueos sobre la neurálgica Vía Panamericana registraron una disminución del 300% al cierre de 2025.
- Prevención activa: Decenas de movilizaciones programadas se canalizaron en mesas de trabajo conjuntas sin interrumpir la movilidad del suroccidente del país.
Una doctrina enfocada en la vida
Esta metodología responde directamente a la directriz presidencial de transformar la métrica con la que se evalúa el éxito de la seguridad en el país. En palabras de la administración actual, el objetivo es consolidar un modelo donde el éxito de la gestión del orden público no se mida en bajas o capturas, sino en vidas protegidas y acuerdos sostenibles.
El reto para el Ministerio del Interior en el resto de 2026 será replicar este modelo preventivo en otras zonas críticas del país que aún exigen la presencia del Estado.
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