La iniciativa legislativa no solo apunta a profundizar la representatividad política del archipiélago en el legislativo, sino a asegurar que las decisiones de carácter nacional que afectan al territorio sean discutidas con la voz directa de sus habitantes originarios.

Los requisitos para la nueva curul

El proyecto establece filtros estrictos para garantizar que la representación sea legítima. Quien aspire a ocupar este escaño en el Congreso de la República deberá cumplir con dos requisitos fundamentales, adicionales a los de ley:

• Pertenencia étnica: Acreditar de forma rigurosa su pertenencia a la comunidad ancestral raizal.
• Arraigo territorial: Demostrar su residencia permanente y activa en el territorio insular.

A paso firme con la Sentencia T-333 de 2022

La radicación de este proyecto coincide con un avance crucial en las mesas de trabajo entre el Gobierno y los líderes isleños. En un reciente encuentro, se aprobó formalmente el acta de trabajo de la Mesa de Interlocución, Participación y Seguimiento, creada en cumplimiento de la Sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional.

Esta providencia judicial ordena al Estado colombiano blindar los derechos fundamentales del archipiélago. Dentro del plan de acción acordado con la comunidad, se priorizaron tres ejes de ejecución inmediata:

1. Garantías básicas: Aceleración de proyectos de vivienda digna, acceso a agua potable y saneamiento básico.
2. Estatuto Raizal: Avances legislativos para la consolidación de un marco jurídico propio para la población isleña.
3. Reserva Seaflower: Mecanismos de protección ambiental y soberana para la reserva de la biosfera.

Derechos sin fronteras

Desde la cartera del Interior, liderada por Armando Benedetti, se enfatizó que este proyecto busca acabar con la desconexión que históricamente ha existido entre el territorio continental y el insular. La meta del Gobierno para este periodo legislativo de 2026 es lograr el consenso de las bancadas para que el archipiélago cuente, finalmente, con una curul autónoma que vele por la supervivencia cultural y el desarrollo de sus comunidades.

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¿Qué cambia para su municipio?

No se trata solo de un movimiento de papeles entre ministerios. Este proyecto redefine quién manda y quién paga en sectores que tocan directamente tu calidad de vida: salud, educación y agua potable.

• Inversión donde más duele: El objetivo es que los recursos lleguen a la “Colombia profunda”, permitiendo que los alcaldes y gobernadores inviertan en las necesidades reales de su gente sin esperar turnos eternos en la capital.
• A cada quien según su necesidad: La ley reconoce que Colombia no es igual en todas partes. No se le puede exigir lo mismo a una capital que a un pueblo rural; por eso, las responsabilidades serán proporcionales a lo que cada región reciba.

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Un acuerdo construido desde el territorio

Esta iniciativa no nació en un escritorio cerrado. Es el resultado de más de 150 sesiones de trabajo donde participaron desde gremios y académicos hasta líderes sociales de las regiones. El ministro Benedetti ha sido enfático: para que Colombia sea justa, debe ser un país de regiones libres de centralismo.

“Es una oportunidad para invertir en lo que realmente impacta el bienestar de las personas”, afirma la cartera de Interior, señalando que el proyecto ya está en manos del Congreso para su debate definitivo.

¿Por qué es importante ahora?

Desde la Constitución de 1991 no se planteaba una reforma tan profunda a la organización del Estado. Si se aprueba, los territorios tendrán más autonomía para ejecutar proyectos, pero también el compromiso ético de cuidar cada peso para que el cambio se vea en las llaves de agua, en las escuelas y en los centros de salud de los barrios más necesitados.

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