Desde el departamento de Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro protagonizó un emotivo pronunciamiento al referirse al limbo jurídico en el que se encuentra la Reforma Pensional. La iniciativa, que plantea un sistema de pilares para el amparo de la vejez, ya superó todo su trámite en el Congreso de la República, pero permanece congelada a la espera del veredicto de la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Ante la incertidumbre jurídica que frena la entrada en vigor de la norma, el mandatario usó un tono inusual de ruego institucional para sensibilizar a los magistrados.
“Necesitamos la justicia al lado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de Colombia; le solicito, le suplico, me arrodillo ante las cortes. Las cortes saben que su corazón los lleva a proteger los derechos merecidísimos de la tercera edad que gastó su vida trabajando por Colombia”, manifestó el jefe de Estado.
El corazón de la reforma se concentra en el denominado “pilar solidario”, una figura diseñada para otorgar un ingreso mensual de $225.000 a cerca de dos millones de adultos mayores que hoy se encuentran en condiciones de vulnerabilidad extrema por no haber logrado acumular las semanas necesarias para jubilarse.
El balance social frente a los gobiernos anteriores
Más allá del llamado al tribunal constitucional, el mandatario aprovechó el escenario regional para sacar pecho por el comportamiento de las cifras macroeconómicas de su administración durante el último año, contrastando sus resultados con los periodos presidenciales que abarcan desde el gobierno de Álvaro Uribe hasta el de Iván Duque.
El Ejecutivo defendió que las políticas agrarias y de subsidios directos lograron frenar la carestía en los hogares vulnerables, asegurando que los alimentos volvieron a las despensas de las familias con menores ingresos y que la inseguridad alimentaria más severa se ha logrado mitigar de manera histórica.
El discurso de rendición de cuentas se sostuvo sobre dos indicadores clave que el Gobierno califica como los mejores del siglo XXI: la reducción de la pobreza monetaria y el comportamiento del mercado laboral, que recientemente reportó una tasa de desocupación del 9,2%.
Mientras la Casa de Nariño consolida su narrativa de cierre de brechas sociales en las regiones, el futuro pensional de dos millones de ancianos permanece suspendido en los escritorios del Palacio de Justicia, donde los magistrados evalúan la exequibilidad de la ley sin una fecha fija para el debate definitivo.
